Si una persona acusada o condenada de un delito en España se encuentra en uno de estos países, las autoridades españolas no podrán solicitar su extradición y deberán buscar otras alternativas para su enjuiciamiento o cumplimiento de la pena.
El objetivo principal de la extradición es garantizar que los delincuentes no puedan evadir la justicia al huir a otro país.
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También pueden trabajar para mejorar sus sistemas legales y judiciales para hacerlos más compatibles con los sistemas de otros países. Esto puede hacer que sea más fileácil establecer acuerdos de extradición y trabajar juntos en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Un país europeo sin extradición es aquel que no tiene acuerdos de extradición con otros países, lo que significa que no está obligado a entregar a personas buscadas por la justicia de otros estados.
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La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.
Esto puede permitir a los delincuentes evadir la justicia y continuar cometiendo delitos en otros países.
La extradición pasiva es un procedimiento lawful mediante el cual un país solicita a otro la entrega de una persona acusada de check my source cometer un delito en su territorio.
“Mexico continues to be Traditionally hesitant to extradite its citizens to the United States, specifically while in the facial area of quite a few perceived trespasses on Mexican sovereignty by U.S. regulation enforcement inside the pursuit of suspects,” extradicion españa tailandia wrote Emily Edmonds-Poli and David Shirk inside of a 2018 legislation journal posting [PDF].
Estos son los países del continente africano con los que España no tiene convenios de extradición:
Durante esta audiencia, se analizarán los fundamentos legales de la solicitud y se determinará si existen suficientes pruebas para justificar la extradición. El tiempo estimado para esta etapa puede variar, pero generalmente toma alrededor de uno o dos meses.
Si una persona acusada o condenada por un delito en España huye a un país sin acuerdo de extradición, las autoridades españolas no pueden traerla de vuelta para enfrentar la justicia.